La reforma de la jornada laboral, que comenzó como una exigencia social y continuó como una promesa firme del Gobierno para este 2025, ha acabado chocando de lleno con los tiempos burocráticos y las trabas de distintos agentes económicos.
En los últimos días, el debate sobre la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas semanales, ha dado un giro decisivo. Aunque se mantiene la voluntad política para reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de México, la aplicación de esta medida no va a ser inmediata, ni entrará en vigor en enero de 2026.
Distintas fuentes legislativas e informes realizados por el sector privado coinciden en un análisis: la aprobación legislativa de la nueva jornada laboral se puede producir en diciembre de 2025, pero la entrada en vigor y sus efectos no se trasladarán, casi con total seguridad, hasta la primavera de 2026. Además, probablemente la implementación sea gradual, buscando así que las pequeñas y medias empresas no sufran un colapso durante la transición
El fin de la jornada laboral más larga del mundo
Para comprender la urgencia de esta medida hay que remitirse a la situación que ha impulsado la reforma. Hace apenas dos semanas, diversos reportes señalaban un cambio de discurso dentro de la administración federal: El gobierno mexicano había tomado la decisión de acabar con una táctica laboral que no solo era nociva para el tejido social, como se sabía, sino que además se ha demostrado que es ineficiente desde el punto de vista económico.
Las estadísticas son contundentes, dato mata relato, y estas han marcado las discusiones. México llevaba mucho tiempo siendo el país de la OCDE en el que más horas se trabajaba, con un promedio que superaba las 2 124 horas anuales por persona. En contraste, la media de los países de la OCDE es 1 736, mientras que en países como España esta cifra se encuentra en las 1 634 horas anuales.
La enorme jornada laboral mexicana no se traduce en más riqueza. Los datos del Inegi y Banxico muestran que la productividad laboral están completamente estancadas, apuntando a que la cultura del presentismo (estar en la oficina, pero sin aprovechar el tiempo) genera costos adicionales sin retornos reales para nadie. Cuantas más horas tienes que trabajar, menos intensidad puedes poner a tu trabajo, cayendo en un ciclo vicioso de baja productividad.
La reforma de la jornada laboral busca romper este ciclo vicioso, garantizando dos días de descanso por cada cinco de trabajo, algo que estará avalado por mandato constitucional. No obstante, el tránsito de la teoría a la práctica está siendo más complicado de lo que algunos esperaban.
Las últimas novedades al respecto
Tras la euforia inicial, se ha llegado a un punto de debate intenso en relación a las incógnitas que encierra este cambio a la jornada laboral. La discusión a nivel legislativo ha invitado a bajar el ritmo para evitar una implementación precipitada.
Información publicada este jueves sugiere que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados busca evitar un “albazo” legislativo que debilite la economía. El consenso que se está construyendo apunta a que se añadirán artículos transitorios clave que diferirán la aplicación de la ley.
Chile como espejo
El concepto que domina la mesa de negociación actualmente es la gradualidad. Los legisladores y las cámaras empresariales (CCE, Coparmex) están analizando modelos similares aplicados en países del entorno latinoamericano, específicamente Chile y Colombia.
En estos países la reducción de la jornada no fue de golpe. Se implementó un esquema escalonado:
- Reducción a 45 horas durante el primer año
- Reducción a 42 o 44 horas entre el segundo y tercer año
- Llegada a la meta de 40 horas en un plazo de hasta cinco años
En México, la propuesta que cobra más fuerza actualmente es la de que se apruebe en diciembre de 2025, pero empiece a entrar en vigencia en algún momento de 2026, probablemente la primavera. Este inicio sería con una reducción a 42 o 44 horas semanales, estableciendo plazos diferenciados dependiendo el tamaño de la empresa.
Esta necesidad más flexible aplicaría en el caso de las PyMES, que representan más del 90% de las unidades económicas del país, y que, a diferencia de los grandes corporativos, no cuentan con el flujo de efectivo inmediato para contratar a más personal o empezar a pagar horas extras de forma masiva sin colapsar.
El impacto económico de la nueva jornada laboral
El retraso en la implementación de la nueva jornada laboral no es solo un tema político o burocrático, también es una respuesta a una preocupación financiera muy real. Expertos consultados por El Economista advirtieron sobre el impacto directo en el costo de la nómina.
Para una empresa que opera turnos continuos, como una fábrica, un hospital o trabajos de seguridad, reducir la jornada implica matemáticamente un aumento en sus costos operativos de aproximadamente el 20%, ya sea por la contratación de nuevo personal para cubrir los turnos descubiertos, o por el pago del tiempo extraordinario.
Si este costo se aplicara de tajo a partir del 1 de enero de 2026, el riesgo de un traspaso a los precios al consumidor final sería casi inevitable, algo que no ayuda a los esfuerzos de las autoridades para mantener la inflación dentro de los márgenes esperados.
Las consecuencias de la nueva jornada laboral
La reforma completa de la jornada laboral no se materializará en el próximo mes, pero a partir de 2026 empezaremos a ver una serie de cambios estructurales en las finanzas personales y corporativas.
En primer lugar, los análisis apuntan a que el tiempo extra se va a revalorizar. Actualmente el tiempo extraordinario se computa a partir de las 48 horas semanales, y con la nueva ley, este umbral se reducirá. Al hacerlo, se espera un aumento de liquidez para los trabajadores operativos, pero también un aumento de las empresas que traten de obligar a sus empleados a trabajar fuera de horario sin remuneración.
Además, si el costo de contratar formalmente se encarece demasiado rápido sin incentivos fiscales, puede haber un aumento de la economía informal en un país donde el 55% ya lo es. De nuevo, esto chocaría frontalmente con los esfuerzos de las autoridades para acabar con la economía informal.
